El estilo de negociación de los demás solo se podrá conocer en la propia negociación. De manera que presuponerlo por anticipado a partir de la forma de pensar, el modo de expresarse, la personalidad o del comportamiento de un individuo, puede llevarnos a adoptar un estilo que afecte el resultado o que no entendamos el estilo de la otra parte y, por ende, no lo podamos gestionar. No obstante, dicha información sí servirá para establecer una comunicación eficaz, manejar las emociones, y detectar los factores particulares que influyen en el estilo adoptado por cada uno.

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La SUNAT ha puesto a disposición los formatos correspondientes para la primera deducción adicional de las tres unidades impositivas tributarias (3UIT), con el que los usuarios podrán hacer la solicitud de devolución del impuesto a la renta retenido por las empresas donde labora.

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El formato que se deberá utilizar para dicho procedimiento es el Formulario Virtual Nº 705 – Renta Anual 2017 – de Persona Natural, con el que todas las personas naturales podrán realizar la solicitud para la devolución del impuesto a la renta (IR) retenido por las empresas.

Mediante Casación Laboral N° 19367-2015-Junín, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, se ha determinado que toda convención colectiva rige hasta el vencimiento del plazo pactado o hasta que sea modificada por una convención posterior. 

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En el caso materia de la citada casación, un trabajador que se afilió al sindicato en abril del 2007 pretendió beneficiarse con incrementos salariales otorgados por la empresa en razón de convenios colectivos del 2005 y 2006.

Las normas procesales deben ser adecuadas a las normas materiales, ambas deben ser caras de una misma moneda, en donde las normas procesales estén destinadas a la satisfacción de los intereses buscados por las normas materiales.

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No basta con quedarnos con las buenas intenciones que puedan tener los legisladores a la hora de hacer su labor, es necesario rechazar normas procesales que solamente contengan buenos deseos y no estén destinadas a la adecuación al derecho material.

Las normas procesales deben estar dirigidas a la satisfacción del interés que quiere proteger el derecho material, no donde un derecho procesal brille por su ausencia de situaciones carentes de tutelas específicas.

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Sin embargo, ese sistema procesal coherente no es el nuestro; no resulta sorpresivo que nos encontremos con normas procesales que en vez de ser adecuadas a la protección del derecho material (crédito), propicien lo contrario, donde se protege al deudor, quien debería estar subordinado con su comportamiento a la satisfacción del interés del acreedor, generando con ello, blindajes injustificados donde se deja al acreedor en una situación carente de tutela procesal específica.

El derecho de crédito o la situación de acreedor es una situación de preeminencia frente a la del deudor, y este se encuentra subordinado a realizar la prestación con la finalidad de satisfacer el interés del titular del crédito. Este escenario material puede o no realizarse, pero en una situación de incumplimiento, el acreedor debe tener las herramientas necesarias para llegar a satisfacer su interés y, en el escenario procesal, es donde el Estado debe brindar todos los medios para su satisfacción y garantizar con ello la preeminencia de la situación jurídica de ventaja. 

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Hay una práctica procesal que con diferentes nombres y matices existe en algunos países y está prohibido en otros: en nuestro argot forense se lo llama el alegato de oreja; son las comunicaciones ex parte que están prohibidas entre el magistrado y uno de los litigantes, a punto tal de resultar virtualmente inconcebibles

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Es algo que practica en mayor grado y con mayor libertad el abogado de la administración.  Él habla privadamente al juez o al tribunal y le expone alguna situación que no introduce en la litis como cuestión de hecho y prueba. Puede que esa situación de hecho sea lo suficientemente importante como para que el juez no pueda evitar tenerla presente in pectore al momento de juzgar (la dimensión presupuestaria, internacional, política o económica del problema, sus repercusiones para el gobierno o la opinión pública, etc.; en suma, la jurisprudencia de intereses que nuestros tribunales tanto usan y tan poco explicitan).

Es fundamental en el derecho administrativo el principio procesal de que son inadmisibles las pruebas ilegítimamente obtenidas.

Así una escucha telefónica hecha por la administración o terceros sin autorización judicial, un allanamiento de domicilio sin autorización judicial, o excediendo la autorización judicial; producción de prueba sin contralor de la contraparte, etc. Y se aplica también en casos extremos, como las declaraciones obtenidas bajo tortura.

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La compensación por tiempo de servicios (CTS) es un beneficio que las empresas brindan a sus trabajadores para que cuando la relación laboral con el empleado culmine, este pueda disponer de un fondo y así pueda prever los riesgos que afrontará durante el tiempo que se encuentre desempleado.

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Actúa como una especie de seguro de desempleo. Tenga en cuenta que la CTS se otorga en función al tiempo que el trabajador lleva laborando en el centro de empleo.

Para calcular el monto que se depositará como CTS tienes que saber cuánto es tu sueldo neto (es decir sin descuentos). Con ese dato podrás calcular el monto que te corresponde.

Ser detenido por la policía cuando conduces puede suceder en cualquier momento, pero  ¿cuáles son tus derechos en estas situaciones?

Si vas conduciendo y notas en el retrovisor que una patrulla de policía encendió sus luces y está siguiéndote. ¿Qué debes hacer? Usa tus luces direccionales para alertar al policía de que te estacionaras y busca una zona segura para detener el auto completamente. Apágalo, coloca tus manos en el volante o en una parte visible y no hagas ningún movimiento repentino que pueda confundir al policía. Permanece dentro del auto y espera a que se acerque y pida tu licencia.

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Ten en cuenta que si un agente pide que te estaciones y detengas tu vehículo, por ley tienes que hacerlo, aunque creas no haber cometido una infracción.

Hay dos aspectos clave que debes conocer: lo estrictamente legal y las medidas de seguridad que debes considerar.

La divisibilidad natural de la obligación de indemnizar daños y perjuicios, que determina que los codeudores no culpables de la inejecución en la obligación de prestación indivisible respondan frente al acreedor común sólo por su parte proporcional del valor de la prestación, varía en lo que respecta a las obligaciones solidarias. 

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La solidaridad, y en el caso bajo tratamiento, la solidaridad pasiva, implica una forma de contraer la obligación que agrava la situación de los codeudores de la misma, de modo tal que esta característica, más allá de si su ejecución resulta posible o no, se trasladará a la indemnización por los daños y perjuicios que eventualmente se causen al acreedor o acreedores comunes.

Cuando se inejecuta una obligación puede ocurrir que ello obedezca a que la prestación devino en imposible por culpa de alguno o algunos de los deudores.

Pero puede también suceder que ese incumplimiento culposo no se haya generado por la imposibilidad de ejecución, sino simplemente porque no se deseó cumplir o no se cumplió culposamente.

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Si luego del incumplimiento la ejecución de la prestación todavía resultase posible, será evidente que, a menos que sea necesario emplear violencia contra las personas de los deudores, el acreedor, si lo estima conveniente, podrá demandar en la vía judicial la ejecución forzosa de la obligación, además de los daños y perjuicios a que haya lugar.

La prevención de riesgos laborales, más que una necesidad es un derecho que tenemos todos los trabajadores, sin excepción.

Trabajar en un ambiente relajado, familiar y exento de accidentes dentro de la medida posible es una de las prioridades principales tanto de los trabajadores como las empresas.

A nadie le gusta trabajar en un puesto laboral que no ofrezca seguridad en ningún momento. La salud y la vida de un individuo es crucial. Y, la tuya, no es una excepción.

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Sin embargo, tener un trabajo 100% seguro es prácticamente imposible, ya que siempre hay factores de riesgos que, en muchas ocasiones, son imposibles de evitar.

No obstante, es importante remarcar que muchos factores de riesgos laborales las provoca el propio trabajador, ya sea porque emplea malas posturas o porque ha tenido algún despiste.

Somos personas imperfectas y estas situaciones se pueden dar para todo el mundo, sin excepción.

Las contingencias comunes son situaciones que, por cualquier motivo, no pueden trabajar porque desgraciadamente tienen una enfermedad o han tenido un accidente no laboral.

Por ejemplo, cuando has tenido la gripe, gastroenteritis o enfermedades más graves, el trabajador puede cobrar una prestación de la baja que le permite obtener ingresos.

En definitiva, se trata de un pago que se hace mensualmente en la nómina para que, posteriormente, la Seguridad Social pague la baja que necesitas por enfermedad.

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 A su vez, es una forma extraordinaria de proteger los intereses del trabajador y el empresario.

Quizás no lo sepas todavía, pero puedes encontrar las contingencias comunes en la nómina. Es una fracción de tu sueldo que tú no percibes porque, por ley, va directamente a la Seguridad Social para que cuando lo necesites ellos te puedan ayudar.

Una manera de ser pluriempleado y así poder darse de alta para contar con un proyecto nuevo. Debes saber que puede compatibilizarse el contrato por cuenta ajena en una empresa y el que les hayan dado de alta en el Régimen General, con ponerse en estado de alta en el Régimen Especial de autónomos, donde por cuenta propia ejercerá una actividad profesional.

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Una pregunta que preocupa a muchas personas es si todo ello da derecho a poder contar en el futuro con dos pensiones de jubilación. Hay que tener claro que cuando se cumplen los requisitos que cada régimen tiene por separado se puede hacer. En caso de que quieras tener las dos pensiones, deben ser acreditadas las cotizaciones durante, como mínimo, una duración de 15 años.

Las personas tienen la capacidad de trabajar para así sacar beneficio de sus propias habilidades, con la debida preparación, podemos trabajar en la profesión que queramos. Esto hace que la posibilidad de trabajar para un mismo sea una realidad. Otra opción es poner tu fuerza de trabajo a disposición de otra persona o de una empresa.

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Cuando una persona toma la decisión de ponerse a trabajar para otros, tiene que aceptar que se les den las directrices para realizar su labor de la mejor forma posible y así poder obtener unos ingresos para vivir de dicho empleo. Podemos decir que el trabajo en relación de dependencia es cuando se hace por medio de un empleador a cambio de un sueldo. 

El acoso laboral no es algo que haya nacido ayer o fruto de los medios de comunicación. Por desgracia viene de lejos, quizás sea tan antiguo como el trabajo. Estamos ante una realidad que cada vez es más denunciada,  a pesar de esto; en algunos casos es complicado identificarlo.

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Muchas veces podemos ver que la discriminación laboral aparece como algo que en cierta manera entra dentro de lo normal. Algo lógico cuando donde aparece el acoso no tienen el mínimo interés en que esto pueda llegar a oídos de un juez. 

La Pensión de Invalidez entendida como pago mensual a la persona calificada Inválida, cuya patología o accidente no derive de área laboral, es decir de origen común.

Del mismo modo, la calificación de invalidez se otorga por la pérdida del 50% de la capacidad para laborar sea de carácter físico, psíquico o congénito que imposibilite la condición física, psíquica y sensorial.

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O que en cualquier caso inhabilite al trabajador a realizar sus funciones cotidianas y amerite la ayuda de un tercero para poder realizarlas.

Por otra parte, dentro de las pensiones por discapacidad también se observan ayudas por lesiones permanentes no invalidantes.

La jubilación parcial anticipada, esto se refiere a aquella jubilación que es iniciada después de haber cumplido los sesenta años, simultánea con un contrato de trabajo a tiempo parcial.

Este contrato podría estar o no vinculado con un contrato de relevo celebrado con una persona en situación de desempleo, y que este tenga acordado con la empresa un contrato de duración limitada.

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Cuando la disposición transitoria cuarta apartado 5 resulte de aplicación, la reducción de jornada será del 25% al 50%, o del 85% en caso de que el contrato de relevo sea a jornada completa y de tiempo indefinido

Uno de los puntos más importantes en el ámbito laboral radica en establecer si el trabajador puede desvincularse intempestivamente o si debería presentar la carta de renuncia al empleador con un tiempo de anticipación. Ante esto hay que reconocer lo que dice la ley, el interés personal y el de la compañía.

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Anteriormente, el trabajador debía presentar su renuncia con 30 días de antelación para que no fuera sancionado. Sin embargo, la Ley 789 de 2002, a través de su artículo 28, modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), eliminando el pago de indemnización, por consiguiente, no se está obligado a pagar al empleador una sanción por retirarse de forma repentina de su trabajo.

Si te cancelaron del trabajo esta muy bien; pero si cancelan tu contrato porque faltaste al reglamento del trabajo y, otra muy distinta, cuando la empresa lo hace sin justa causa.

Siempre estamos expuesto a que te terminen un contrato laboral, sea por algunas fallas cometidas o simplemente porque el empleador así lo ha decidido. Sin embargo, de acuerdo con el tipo de contrato y la forma de despido, como trabajador tienes derechos que debes hacer valer. 

“Un despido injustificado debe ir acompañado de una indemnización dependiendo del salario de la persona y de los años que lleve en la compañía, porque no existe ninguna causal”

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Antes que nada es importante saber que el costo de un inmueble usado puede ser entre un 20% y 30% más económico que uno nuevo, aunque se calcula que también genera un costo aproximado de hasta un 3% del costo del inmueble por gastos que implican arreglos, mantenimiento de las instalaciones y trámites. Por ello, es bueno hacer números y valorar las reparaciones futuras, pues un departamento se considerará no rentable si el costo de arreglos supera el 10% del inmueble.

Lo primero es revisar que las instalaciones eléctricas y las cañerías y desagües estén en buen estado. “También habrá que ver al detalle el estado de las puertas y ventanas. Es aconsejable hacer varias visitas a distintas horas del día, de forma que se puede observar si la casa es luminosa u oscura, si es ruidosa en ciertos momentos o si los vecinos son molestos”.

El contrato de compraventa es el acto mediante el cual la persona denominada “vendedor” se obliga a transferir a otro denominado “comprador” la propiedad de un bien a cambio del pago de su precio en dinero.

Desde esta perspectiva, podemos decir que la compraventa es uno de los contratos más importantes de nuestro medio. Por supuesto, cuenta con ciertas características:

• Es autónomo: porque no depende de otros contratos.
• Es obligatoria: porque existen obligaciones recíprocas. El vendedor debe vender el inmueble y el comprador debe pagar el precio convenido.
• Es a título oneroso: existe enriquecimiento.
• Es consensual: se requiere del necesario acuerdo entre ambas partes.
• Tiene libertad de forma: es decir, se puede celebrar de manera escrita u oral, con excepción de la compaventa del inmueble, que necesariamente tiene que celebrarse de manera escrita.

Comúnmente se entiende por competencia en el campo de la economía, a la convergencia de diversos actores o agentes dentro de un mismo escenario para satisfacer un determinado objetivo (que puede ser un interés o una necesidad), a su vez, esta concurrencia, de intereses origina una lucha entre los diversos agentes participantes por conseguir el mismo objetivo común. En el mismo sentido Víctor Malpartida Castillo, apunta que "competencia es disputa, contienda, oposición, rivalidad entre sujetos que pugnan por obtener algo." A su vez, Font Galán, citado por el autor antes mencionado nos dice que partiendo del significado usual del término competencia, se suele definir ésta como la actuación de varias personas que se caracteriza por el hecho de que cada una aspira a ganar lo que las demás, al mismo tiempo, intentan conseguir.

La libre competencia ha sido elevada a rango constitucional, y ello debe de convenir con el sistema o modelo económico adoptado, así, el Art. 58º de nuestra Constitución establece que "La iniciativa Privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado, bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura".

Hay que anotar que el modelo económico adoptado es el de una Economía Social de Mercado, es decir es un sistema económico neoliberal, pero con intervención estatal en determinadas áreas de la economía.

El régimen de iniciativa privada dentro de una economía social de mercado , es un tema de fundamental importancia para los alcances del Derecho Intelectual , también se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política , la que preceptúa en su Título III - " Régimen Económico ", Capitulo I. Principios Generales: Así tenemos :

- El Artículo 58º de la Constitución Política del Perú, "La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura", en síntesis lo que se busca es la fórmula que nos lleve al anhelado desarrollo y salir de la agobiante pobreza en que esta confrontada actualmente la sociedad en medio de la sociedad de la competitividad y los conocimientos.

Articulo 303.- Cada Cónyuge conserva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos o gravarlos"

A lo expuesto debemos agregar que el Art. 301 del mismo Código prescribe que " En el régimen de sociedad de gananciales pueden haber bienes propios de cada cónyuge y benes de la sociedad" , salvo que, como dispone el Artículo 295, antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges hubieran optado por el régimen de separación de patrimonios, con el correspondiente otorgamiento de escritura pública.

Lo encontramos plasmado en la Constitución de 1993, vigente, cuyo Título I. "De la Persona y la Sociedad "Capítulo I " Derechos fundamentales de la persona dispone, entre otras cosas , lo siguiente :

Art 2.- Toda persona tiene derecho:

2.- A la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica, o de cualquier otra índole.

8.- A la Libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión”. 

El derecho laboral ha cobrado una importancia significativa en la realidad peruana, así, lo que busca el derecho laboral es el garantizar que los trabajadores tengan un ambiente laboral adecuado y que realicen sus labores en condiciones dignas. Sin embargo, en ciertas ocasiones, debido a la realidad del trabajo en el Perú, la protección laboral a los trabajadores no se concretiza, ya que debido a las exigencias del mercado se busca la reducción de los costos de producción, así como el evitar reconocer algunas garantías y derechos de los trabajadores, los cuales al no reconocerse sus derechos sufren vulneraciones a los mismos, los cuales les corresponden constitucionalmente, por lo que se verían afectados gravemente.

Debido a ello es que con frecuencia se ha empleado el concepto de primacía de la realidad cuando se considera que en la relación entre el trabajador y el empleador existen elementos que podrían dar indicios de que nos encontraríamos ante una relación laboral entre ambos, es decir, que existe un contrato de trabajo y no una relación de cualquier otra índole.

La libre competencia, comprende una relación paralela. Por un lado, se encuentra la relación de competencia entre productores o empresarios, la misma que se verifica cuando éstos tratan de competir para producir más y mejor y al menor precio, un determinado bien o servicio. Pues aquí, la competencia por vender, por captar las mayores cantidades de consumidores suele resultar en una pugna feroz, en la que muchas veces es la misma libre competencia la que facilita el exterminio de los agentes productivos que carecen de los medios necesarios para competir frente a las llamadas transnacionales que, según postula la libre competencia, tienen el libre derecho de concurrir y de competir en igualdad de condiciones con aquellas empresas que carecen del poder productivo y económico semejante al de aquellas. 

El derecho de reparación se basa desde el punto de vista de la CIDH, en resarcir el daño causado a un poblador de un país, que no ha sido reconocido por el derecho interno, abarcando dicha reparación al aspecto moral, psicológico, biológico y relacionados. De esto se puede afirmar que en cierta forma el derecho de reparación aun cuando se reconoce es decepcionante, porque hay situaciones donde el daño ha implicado truncar el proyecto de vida de una persona, por lo que la reparación es imposible que repare la vida perdida, siendo la reparación a favor de los familiares más cercanos o de quienes iniciaron el proceso, en otras palabras, en algunos casos la reparación puede conllevar a que se restituya el derecho vulnerado, en otros casos es imposible, solo es un reconocimiento a que se vulneró el derecho.

La Constitución del Estado recoge y regula en el ordenamiento constitucional la denominada Constitución Económica la cual no hace sino reconocer "aparentemente" el modelo económico adoptado por el país, pues, "es en la Constitución donde se plasma la estructura o régimen económico que inspira la República, los principios económicos en los que se orienta todo el ordenamiento que se puede hacer en la política económica".

Víctor Malpartida Castillo apunta que el origen del término "Constitución económica" tiene que ver con el surgimiento del Estado Social de Derecho o Constitucionalismo Social, que se caracterizó por adicionar a los derechos fundamentales, los llamados derechos sociales que limitan los derechos individuales (como el de la propiedad) en función de las necesidades de la convivencia social. 

Uno de los principios en los cuales se basa el procedimiento administrativo es el debido procedimiento; este principio está recogido en el artículo IV del Titular Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General y tiene la siguiente definición según esta Ley:

Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

Los derechos fundamentales, por su propia naturaleza, exigen mecanismos procesales de tutela y ser garantizados en tiempo oportuno.

El Tribunal Constitucional tiene decidido que “Si bien nuestra Carta Fundamental no se refiere en términos de significado a  la ´efectividad´ de la tutela jurisdiccional, resulta claro que la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela” (Expediente 04119-2005-AA, Fundamento Jurídico 64).

Recientemente la Sala Primera del órgano de control de la Constitución ordenó que la ONP, antes de contestar una demanda de amparo, verifique si previamente ya se había concedido el beneficio.

El medio procesal que permite esa revisión es el Recurso de Agravio Constitucional que, de acuerdo con el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, debe interponerse dentro de los 10 días de expedida la resolución o sentencia que declara improcedente o infundada la demanda y es concedido por la Sala que conoció el caso.

Esos requisitos básicos han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional en cuanto dejó establecido que dicho recurso, como la demanda, deben referirse al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental (STC 002877-2005-HC).

Sin embargo, la ausencia de reglas claras en esta materia ha conducido a que se “amparicen” las discusiones ordinarias y a que resulte imprevisible cuando habrá de resolverse el fondo de un asunto, o en qué caso la demanda será declarada improcedente.

Por la suscripción del Tratado de Libre comercio de nuestro país con Estados Unidos, se han producido una serie de reformas en el ordenamiento jurídico peruano con la finalidad de hacerlo congruente con la normativa que incluye dicho Tratado.

Es así que el 28 de junio del 2008 se publicaron los D. Leg. N° 1069, 1070 y 1071 que contenían sendas reformas en la normativa procesal civil y arbitral de nuestro país, como la supresión de algunas de las audiencias judiciales, la “unificación de los procesos de ejecución, la desjudicialización del arbitraje, etc. Y cuando se pensaba que las modificaciones ya habían terminado se publican en mayo y junio de 2009 nuevas modificaciones en el proceso civil, esta vez relativas al recurso de casación y medidas cautelares; modificaciones que buscan dinamizar la administración de justicia.

El rol del Tribunal Constitucional (TC) ha cobrado cada vez mayor relevancia como intérprete de las normas en materia laboral. Desde la famosa sentencia del “Caso Telefónica” (que marcó un hito de la regulación del despido), pasando por su intervención en las jornadas atípicas en la minería (creando el denominado “test de protección de la jornada máxima de trabajo para los trabajadores mineros”) y, más recientemente, abordando el tema del nivel de la negociación colectiva en la actividad portuaria, resulta indudable que, para estudiar y analizar de manera adecuada y completa cualquier tema laboral en la actualidad, es indispensable estar informado de las “últimas novedades” del TC.

Un procedimiento administrativo trilateral puro, regulado en los artículos 219° al 228° de la LPAG, es aquel en el cual la Administración participa decidiendo un conflicto entre administrados, por lo que carece de la condición de parte al ser totalmente ajena a la relación jurídica discutida.

Por otro lado, un procedimiento administrativo sancionador, regulado por los artículos 229° al 237° de la LPAG, es aquel dirigido a regular aquellas conductas que infrinjan las normas de derecho Administrativo dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho que no requieran ser sancionados penalmente, siendo una manifestación del ejercicio del ius puniendi del Estado. Este procedimiento dada su finalidad sancionadora es iniciado de oficio, debido a que la actividad que pone en ejercicio la Administración (sancionadora) y la consecuencia que surge tras esta (la sanción) corresponden a atribuciones que solamente esta puede efectuar.

Tema que merece especial consideración es el de la prisión preventiva, ya que en ciertas ocasiones los comunicadores emplean erróneamente este término generando ciertas confusiones ya que le atribuyen una naturaleza que no tiene.

Opté por hablar de ella ya que ha sido empleada en casos muy mediáticos como el caso Fefer en el cual la presunta autora del delito de parricidio: Eva Bracamonte fue sometida a prisión preventiva, el caso Edita Guerrero en el cual el presunto autor del delito de parricidio: Paul Olórtiga fue sometido a prisión preventiva, asimismo constantemente los jueces emiten mandato de prisión preventiva en diferentes casos de los cuales la mayoría de personas toma conocimiento a través de los medios de comunicación.